En el marco de la reflexión por el acceso equitativo a derechos, la columna de Rossana Dudziak pone en evidencia una realidad persistente: en el Perú, mujeres y niñas aún enfrentan importantes barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

A pesar de los avances normativos y los compromisos asumidos por el Estado, el acceso a la justicia continúa siendo desigual. Según datos compartidos por ONU Mujeres, las mujeres a nivel global cuentan con apenas el 64% de los derechos legales que tienen los hombres, reflejando una brecha que también se reproduce en el contexto peruano.

Barreras estructurales y violencia persistente

En el país, factores como la pobreza, la ruralidad, la pertenencia a pueblos indígenas, la edad o la discapacidad profundizan las desigualdades. Estas condiciones generan múltiples formas de discriminación que dificultan el acceso a servicios de protección, justicia y atención integral.

La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo una de las expresiones más graves de esta desigualdad. Muchas veces normalizada, esta problemática afecta significativamente la vida, salud y desarrollo de las víctimas. Además, existe una baja tasa de denuncia y acceso efectivo a mecanismos de protección, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones y los servicios disponibles.

Desigualdad en el uso del tiempo y roles de género

Otro aspecto relevante es la distribución desigual del trabajo no remunerado. En el Perú, las mujeres dedican hasta tres veces más tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado. Esta carga limita sus oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral, perpetuando ciclos de desigualdad.

Asimismo, persisten patrones socioculturales que toleran o minimizan la violencia, afectando la percepción social sobre los derechos de las mujeres y niñas.

Acciones necesarias para garantizar derechos

Frente a este panorama, el sistema de las Naciones Unidas en el Perú, junto con el Estado y la sociedad civil, impulsa acciones orientadas a:

• Fortalecer el acceso a la justicia con enfoque de género

• Garantizar servicios integrales de atención y protección

• Promover la participación política y el empoderamiento económico

• Reducir brechas en educación y salud

• Prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas

Estas medidas buscan asegurar que ninguna mujer o niña quede excluida del ejercicio de sus derechos.

Un compromiso colectivo

Garantizar justicia para todas implica reconocer las múltiples desigualdades que enfrentan las mujeres y niñas, así como adaptar los servicios y políticas públicas a sus necesidades reales. En ese sentido, el desafío no solo recae en el Estado, sino también en la sociedad en su conjunto.

Desde el Observatorio Regional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, se reafirma el compromiso de visibilizar estas problemáticas, generar evidencia y promover acciones articuladas que contribuyan a una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencia en el Perú.