Ucayali. Una grave situación viene generando preocupación en el sistema de justicia y en las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Según información difundida por el diario La República, más de 800 casos de abuso sexual contra menores en la región Amazonas podrían quedar en riesgo debido al despido de personal CAS en fiscalías especializadas por falta de presupuesto.

El informe periodístico señala que el Ministerio Público no renovó contratos de trabajadores que formaban parte de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar en las provincias de Río Santiago y El Cenepa, en la región Amazonas. Estas sedes tenían a su cargo la investigación de casos de violencia sexual contra menores, en una zona con altos índices de vulnerabilidad.

De acuerdo con la publicación, solo en 2025 se registraron más de 300 nuevos casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, sumándose a un acumulado que supera los 800 casos en los últimos años. La desvinculación del personal especializado —entre abogados, asistentes y personal administrativo— comprometería la continuidad de las investigaciones y el acompañamiento a las víctimas.

Organizaciones de mujeres y lideresas indígenas han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el acceso a la justicia, especialmente en comunidades amazónicas donde las brechas institucionales son más profundas. La falta de recursos, según se advierte, no solo limita la capacidad de respuesta del Estado, sino que podría generar impunidad en delitos que requieren atención prioritaria y especializada.

Desde el Observatorio Regional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Ucayali, consideramos fundamental visibilizar esta situación, dado que refleja una problemática estructural que afecta la garantía de derechos en territorios amazónicos. La violencia sexual contra menores constituye una de las formas más graves de violencia y demanda una respuesta sostenida, con equipos técnicos capacitados y recursos suficientes para asegurar investigaciones oportunas y con enfoque de género e interculturalidad.

Como instancia de seguimiento y análisis de la violencia en la región, reafirmamos la importancia de fortalecer las fiscalías especializadas y garantizar la continuidad del personal técnico que atiende estos casos. La lucha contra la violencia no puede depender de decisiones presupuestales que debiliten el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables.

El Observatorio continuará monitoreando la situación y promoviendo acciones que contribuyan a la protección efectiva de niñas, niños, adolescentes y mujeres en la Amazonía.